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El Mercurio publicó este fin de semana un extenso reportaje sobre la cruda realidad de las cárceles en Chile, en lo que es un adelanto del primer estudio realizado en nueve recintos carcelarios de la Región Metropolitana, por investigadores de la Facultad de Derecho de la UDP. Este informe será presentado hoy, a las 18 horas, en el auditorio de Ejército 333. El Informe revisa los principales hechos ocurridos en Chile en materia de derechos humanos en el año 2004, dando continuidad al trabajo que se viene desarrollando desde hace varios años por el Programa de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
En esta oportunidad, el tema central de estudio del Informe se refiere a las condiciones carcelarias. Así, pasa revista a las principales características del sistema carcelario chileno, tanto desde el punto de vista de la normativa que lo rige como de las prácticas concretas del mismo. Tanto la normativa como la práctica en materia carcelaria son contrastadas en el Informe con los parámetros internacionales de derechos humanos.
La decisión de que las condiciones carcelarias constituyeran el eje principal del presente Informe fue tomada por el equipo de trabajo del mismo a partir de la constatación de que se trata de un aspecto que se encuentra muy postergado en el debate y la agenda pública. Si bien en los últimos años se ha vivido en Chile una experiencia de transformación estructural del sistema de justicia criminal, que ha convocado significativamente la atención pública, ello no ha ido acompañado de un desarrollo similar en el ámbito carcelario.
Al respecto, y tal como se ha constatado durante la investigación sobre la materia emprendida en este Informe, la situación de las cárceles presenta deficiencias muy graves, que colocan al Estado de Chile en una posición de vulneración de los estándares internacionales de derechos humanos así como de las garantías consagradas en la Constitución Política.
Uno de los fenómenos más evidentes es el de la sobrepoblación y el hacinamiento en los Penales. En los últimos años la población carcelaria ha venido aumentando -y continuó haciéndolo durante 2004- de manera considerable, situando a Chile como el país con la tasa per cápita de presos más alta de América Latina. El problema tiende a agudizarse, como lo demuestra el hecho de que durante el año 2004 el incremento del número de presos alcanzó a casi un 10%.
Dicho incremento -que por sí mismo es revelador de un problema- no ha ido acompañado de un aumento correlativo de plazas en las cárceles, lo que ha conducido a una seria situación de hacinamiento, con los correspondientes impactos negativos que ello acarrea para el aseguramiento de una serie de derechos humanos básicos. En efecto, un establecimiento penal sobrepoblado, además de infringir el derecho de cada recluso a disponer de un espacio adecuado para desenvolverse, genera una serie de perjuicios adicionales, entre ellos deficiencias en las condiciones de higiene, deterioro en la calidad de las prestaciones que recibe, deficiencias en materia de seguridad, aumento de los motines, y violencia de los reclusos entre sí y entre estos y funcionarios de Gendarmería, el que escapa al control institucional.
Fuente: Universidad Diego Portales
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