Declaración Pública de la Corporación de Universidades Privadas

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Reforma a la educación superior

La Corporación de Universidades Privadas (CUP) representa casi a uno de cada cuatro estudiantes universitarios del país (24,2%, CNED, 2014) y sus rectores habían sido convocados  el 1° de junio a una Asamblea General para tomar posición frente a lo que ha sido comunicado  y ha trascendido del proyecto gubernamental de reforma a la educación superior. Para este efecto, se conformaron varias comisiones de especialistas que generaron diversos documentos sobre los temas de fondo, que tenían que ver con calidad, financiamiento, acceso, acreditación, regulaciones y otros temas. Sin embargo, una vez conocido el anuncio del 21 de mayo, cuyo contenido referido a la educación superior sorprendió a todos los actores del sistema, la discusión pasó a centrarse en el Mensaje Presidencial. Por lo tanto, la reunión del día 1 de junio de la CUP tuvo relación con el análisis de dicha propuesta de gratuidad para el 2016. En este sentido, la Corporación decidió emitir la siguiente declaración pública:

1) Creemos que la propuesta de gratuidad para el año 2016 es injusta y discriminatoria con alumnos que estarán en el grupo elegible por sus condiciones socioeconómicas, pero no podrán hacer uso de su beneficio por no estudiar en una universidad del CRUCH o en un IP o CFT elegible.

2) Manifestamos nuestra total sorpresa frente a esta discriminación, que va en contra de todo lo anunciado por este gobierno, y a las políticas seguidas por el país por larga data.

3) Estimamos que separar a unos estudiantes vulnerables de otros es manifiestamente injusto, ya que el principio ético es que en igualdad de situaciones, personas iguales deben tener iguales derechos.

4) Entendemos que la educación es un derecho, y éste es de las personas y por lo tanto de los estudiantes, y en ningún caso debe estar asociado a las instituciones, cualesquiera estas sean.

5) Nos parece que lo anunciado está alejado de la realidad de la Educación Superior chilena actual, dada la distribución de estudiantes entre distintas instituciones, además de representar un atentado a la equidad y a la igualdad de oportunidades.

6) Nos parece que los temas de la reforma de la educación superior deben estar contenidos en proyectos de ley con ese fin, por lo que es del todo sorprendente que se vaya a utilizar un instrumento cuyo propósito es otro, la Ley de Presupuesto, para resolver el tema de gratuidad durante el 2016.

7) Finalmente, creemos que el anuncio tendrá consecuencias no deseadas, cual es contribuir a la desigualdad territorial de Chile, ya que en numerosas ciudades los estudiantes de éstas tendrán muy pocas opciones de acceder a una educación gratuita. En otras palabras, las oportunidades van a ser totalmente desiguales para los chilenos según el lugar donde vivan, lo que va en contra no solo de políticas sociales, sino también de descentralización.

En resumen, no esperábamos una decisión tan injusta con chilenos vulnerables. Si el tema fuera, como parece ser, escasez de recursos financieros, lo lógico y justo es decirlo y distribuir lo existente entre quienes cumplen las mismas condiciones, sin discriminar entre ellos.

Esperamos que la reacción que ha existido, incluso entre parlamentarios de gobierno, conduzca a una revisión sobre bases igualitarias y no elitistas, y que en el futuro, los cambios en educación se hagan a través de leyes de este carácter y no por una vía anexa presupuestaria.

A las necesarias reformas comprometemos nuestro aporte, para lo cual se necesita un adecuado debate e información, en el que participen todos los actores de la educación y nadie sea discriminado, solo por venir del sector privado en un país como Chile que ha tenido desde hace tiempo principios que no queremos que se pierdan: autonomía, sistema mixto público-privado, igualdad de oportunidades, libertad de enseñanza, diversidad y pluralidad de proyectos educativos.

El objeto y el sujeto de nuestra actividad deben ser los estudiantes. A ellos nos debemos, y no podemos aceptar una discriminación injusta contra un grupo numeroso de familias vulnerables.

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